ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS BILATERALES

ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS BILATERALES. Los países en desarrollo han participado en un gran número de tratados bilaterales de inversión (TBI), así como en acuerdos de libre comercio (ALC) que incluyen obligaciones explícitas de proteger los derechos de la propiedad intelectual por ser considerados como “inversiones”. Esos acuerdos caen fuera del ámbito de la normativa multilateral para los derechos de propiedad intelectual, y son promocionados estratégicamente por los países desarrollados en beneficio de los intereses económicos de sus industrias. los países en desarrollo en el marco de los tratados internacionales pueden ser utilizados para ampliar en sus territorios la aplicación de DPIs sobre la biodiversidad. Los tratados bilaterales de inversión y los capítulos de libre comercio de los acuerdos de inversión van más allá de las normas internacionales en la medida que amplían los derechos de propiedad intelectual no abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) e incorporan el principio de “trato nacional” sin las excepciones estipuladas en los tratados internacionales. No queda claro hasta dónde pueden llegar a utilizarse los derechos garantizados por los acuerdos de inversión para justificar la reclamación de DPIs a través de controversias relacionadas con inversiones. Algunos sectores especialmente preocupantes son la concesión de licencias obligatorias -ya que los inversionistas podrían reclamar pérdidas económicas-, y la aplicación de la disposición de cumplir con la declaración de los principios de origen para impedir la biopiratería, que puede ser impugnada por los inversionistas por considerarla incompatible con el derecho internacional. Los materiales biológicos recolectados en el marco de un permiso de acceso pueden ser considerados de “propiedad” del recolector que, en una definición amplia de inversión, puede reclamar protección en su calidad de inversionista con relación a los materiales. No hay una “norma internacional” con relación a la protección de los DPI considerados como inversiones que pueda ser invocada en el contexto de las obligaciones bilaterales para cumplir con “las normas internacionales más exigentes” impuestas en algunos acuerdos de inversión. Debido a las zonas grises que generan los acuerdos de inversión, dan lugar a que se generen controversias relacionadas con las inversiones para inducir a que se introduzcan cambios en la legislación nacional sobre DPI de los países en desarrollo, aún cuando esa legislación observe los ADPIC. Las cláusulas de “nación más favorecida” de los TBI y ALC contribuyen a elevar mundialmente las normas de protección de los DPI. Si en el marco de la OMC se iniciaran las negociaciones sobre inversiones es posible, por ejemplo, esperar que haya presiones para replicar en los DPI los niveles más exigentes de protección de las inversiones, como ocurre actualmente en los tratados bilaterales. COMERCIO EXTERIOR COMO PALANCA PARA EL DESARROLLO ENDOGENO El Banco de Comercio Exterior tiene el mandato de fortalecer el sector exportador no tradicional venezolano, con el propósito de impulsar la diversificación del aparato productivo, para, como consecuencia de ello, contribuir a lograr la ansiada superación de la dependencia estructural de la economía nacional de los ingresos procedentes de las exportaciones petroleras, siempre sujetas a la volatilidad del mercado energético global, cuyo comportamiento es incierto y fuera del control interno. El objetivo de la política que dio origen a la institución tenía un alcance mucho mayor. Se orienta a la construcción de una economía productiva y diversificada, no dependiente exclusivamente de la renta petrolera, basada en un amplio aprovechamiento de las ventajas comparativas que posee nuestro país, por disponer de grandes reservorios de recursos naturales estratégicos, con cuya explotación racional y sustentable, es teóricamente posible el desencadenamiento de una dinámica económica sustentada en la transformación eficiente de dichos recursos, para darle sostenibilidad social y económica al desarrollo nacional. Obviamente, la viabilidad de un cambio de esa naturaleza sólo es posible aplicando un conjunto de políticas públicas coherentes, destinadas a provocar un cambio estructural en el modelo de acumulación capitalista rentista dependiente establecido. Un modelo que se basaba en la apropiación de la renta petrolera por una minoría enriquecida a la sombra del Estado, que iba de la mano de una industria petrolera secuestrada por una burocracia servil a los intereses de las grandes empresas transnacionales del sector. A partir del acceso al poder del Presidente Hugo Chávez y del inicio de la V República, se hizo posible avanzar en una transformación profunda y estructural de ese “modelo exógeno” perverso y empobrecedor, generador de una sociedad caracterizada por grandes desequilibrios sociales cubiertos con una fachada democrática con vista a revertir el proceso de descapitalización del país originado en la transferencia neta del ahorro público y privado al exterior y del intenso proceso de desinversión pública y privada que afectó al país en el cuarto final del siglo XX. Las bases del cambio tienen su asidero en la Constitución Bolivariana, en el proyecto político socialista, democrático y humanista que sustenta la Revolución Bolivariana y, en la recuperación de la industria petrolera por el Pueblo y el Gobierno Bolivariano a raíz del sabotaje petrolero perpetrado por la oposición golpista, en contubernio con el imperio estadounidense, en diciembre de 2002. Uno de los hilos conductores del proceso de cambio se basa en el desarrollo endógeno, entendiendo por éste el desarrollo socioeconómico que se sustenta en las potencialidades y capacidades productivas residentes en la nación y, en la voluntad colectiva del sujeto social de asumir una participación protagónica en la construcción del bienestar social general, desde la perspectiva de la solidaridad, el trabajo común, la justicia, el respeto a la persona humana y la profundización de la democracia. Desarrollo endógeno no implica asumir una postura autosuficiente o cerrada frente a las oportunidades y ventajas que provengan de agentes externos tecnología e inversiones sino de cambiar el modo como nos relacionamos con ellos, al dejar de ser meros “objetos” sometidos a sus intereses, para establecer una relación equilibrada, equitativa y justa, siempre sujeta a la voluntad y los intereses soberanos del sujeto social. Es más, el desarrollo endógeno sostenible se consolidará en la medida en que seamos capaces de construir alianzas con algunos agentes externos, de las cuales obtengamos aportes y apoyos que nos permitan acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas internas y avanzar en la escena geopolítica mundial, sin que ello nos desvíe del rumbo que hemos tomado de construir una patria libre, soberana, democrática y socialista para todos los venezolanos. El proyecto de integración latinoamericano y caribeño lo sustenta –porque ningún país de la región podría lograr ese propósito aislado – en un mundo dominado por grandes polos de poder político, militar y económico, aunque en ese esfuerzo se vuelque toda nuestra energía social. El desarrollo endógeno que impulsamos, además, no busca sólo lograr el desarrollo productivo a partir de la liberación de nuestras inmensas potencialidades económicas, si no también, la traducción de ese desarrollo en bienestar social para todos, a través de la construcción de una economía social basada en valores cooperativos y solidarios, que no es otra cosa que una economía que tiene como centro la persona humana, sus necesidades y su realización plena. El desarrollo endógeno se contrapone al desarrollo exógeno. Este último, por el contrario, es el que se sustenta en variables e intereses exógenos, los cuales dominan la dinámica económica y social interna sin considerar las consecuencias sociales y económicas, porque responden al ejercicio de un poder externo basado en el dominio del capital, en el conocimiento tecnológico o en el poderío militar. Es el modelo típicamente colonial o neocolonial, detrás del cual siempre están los grandes imperios y, en estos tiempos, especialmente el imperio norteamericano. El modelo neoliberal exógeno promueve el establecimiento de reglas económicas y comerciales globales orientadas hacia la desregulación laboral y ambiental, la apertura comercial –comercio e inversiones indiscriminada sin considerar las asimetrías entre los “socios”, la reducción del Estado a su mínima expresión, cercenando su misión de conductor estratégico del desarrollo social y económico y garante del bien común, todo ello con el único fin de dejarle el “campo libre” a los grandes jugadores del capitalismo global, las corporaciones transnacionales y al gran capital financiero internacional, para que actúen a sus anchas en el escenario internacional, supeditando los intereses de los pueblos y países, así como su desarrollo social y humano, al incremento de sus ganancias a costa de explotar su mano de obra barata y sus recursos naturales con alto impacto ambiental y social, utilizando como ardid el espejismo de promover “economías exportadoras” basadas en la maquila o en la industria de ensamblaje, con las cuales se justifica un régimen neoesclavista explotador de niños, mujeres y hombres de los mal llamados “países en desarrollo”, lo cual es una verdadera trampa ficción, generadora de un crecimiento económico basado en ese tipo de exportaciones, que sólo sirven para impulsar la concentración del capital, el incremento de las desigualdades sociales el antidesarrollo social y humano, comprometiendo cada vez más la posibilidad de lograr la independencia política y económica para los mismos. El Comercio Exterior en un sentido amplio es el intercambio de bienes, servicios e inversiones de un país respecto de otros, que se realiza con la expectativa de atender la demanda interna y de exportar los excedentes a terceros países. Ningún país por pequeño que sea, independientemente del sistema político o económico dominante en el mismo, podría sustraerse de la dinámica del comercio exterior sin correr el riesgo de quedar aislado. Por el contrario, después de la caída de la URSS, países de economías centralizadas como China, Cuba o Vietnam, en su lucha por defender su independencia y su proyecto socialista han usado como una palanca fundamental para salir adelante, la participación direccionada y oportuna en el comercio exterior, tejiendo alianzas que les permitieron fortalecer sus estrategias internas de desarrollo. El desarrollo del comercio exterior, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional, es un poderoso instrumento para impulsar el desarrollo endógeno, lo cual no significa que en su práctica no existan amenazas que vencer y desafíos que superar aplicando políticas públicas adecuadas. En todo caso, ello es un dato de la realidad que debe servir de insumo para diseñar una política exterior asertiva y coherente que aproveche las oportunidades que ofrece el escenario plural internacional a través de alianzas estratégicas que aporten inversiones y tecnología, y sobre todo, como en efecto lo viene haciendo nuestro Presidente Hugo Chávez, que profundicen el proceso de integración con los hermanos países latinoamericanos y caribeños, con base en los principios del ALBA. Ahora bien, es esencial lograr niveles de productividad interna equiparables al mercado internacional en costos de producción y calidad, especialmente del que corresponde a nuestros socios comerciales estratégicos, sin comprometer la participación creciente del trabajo respecto del capital y la construcción del nuevo modelo productivo basado en la economía social solidaria, en el marco de la construcción del socialismo del Siglo XXI. Para lograr ese propósito, el desafío que representa el desarrollo del comercio exterior juega un papel muy importante para impulsar la reconversión industrial con base en la innovación tecnológica y la integración productiva y social basada en el desarrollo de un tejido productivo de PYMEs, Cooperativas y Empresas de Producción Social, articuladas y asociadas para construir capacidad exportadora, con vista a satisfacer en primera instancia el mercado interno, como sustento del proyecto de desarrollo económico y social sustentable y, luego, para exportar los excedentes al mercado externo, como una palanca para darle sostenibilidad económica al desarrollo endógeno. No toda clase de comercio exterior genera desarrollo social y humano, aunque pueda crear crecimiento económico. En la medida en que las exportaciones estén conformadas por manufacturas y productos con alto valor agregado nacional, y las inversiones estén orientadas a construir capacidad productiva interna con base tecnológica en el marco del plan estratégico nacional, reflejarán un comercio exterior de alta calidad, expresión de una economía productiva que apunta a su sostenibilidad social y económica. Cuando dejemos de ser un país fundamentalmente exportador de materias primas e importador de insumos industriales y bienes de capital desarrollados a partir de las materias primas que exportamos, comenzaremos a transitar el camino del desarrollo económico y social sostenible. Para que ello sea posible debemos avanzar en la integración de cadenas productivas y en la formación de un tejido productivo soportado en una cultura de la innovación. El nuevo Bancoex, en su carácter de banco de desarrollo, constructor de capacidad exportadora nacional e instrumento del Estado para impulsar la integración latinoamericana y caribeña en el marco del ALBA, a través de la promoción de proyectos socio productivos estructurantes, asume su rol de contribuir a la profundización de la revolución desde la perspectiva del comercio exterior para impulsar el desarrollo endógeno. ALBA, MERCOSUR. A veces es una decisión política deliberada, a veces pura necesidad, pero desde el fondo de sus estructuras económicas, lenta y contradictoriamente, América Latina intenta ser otra vez América Latina. En los últimos veinte años, las relaciones entre países de la región se habían desdibujado a favor de los vínculos unilaterales (más o menos "carnales") con Estados Unidos en el marco dominante del Consenso de Washington. Lo novedoso del contexto actual es el grado de impacto regional de las medidas que adopta cada país, el protagonismo objetivo de la dimensión zonal en el debate estratégico, incluyendo diversas e incipientes iniciativas de nacionalización, al tiempo que se construyen nuevas relaciones comerciales y políticas muchas veces contradictorias, ambiguas, en un contexto rápidamente cambiante. También, cada día más, cobra importancia, aun como promesa, un campo de integración social-popular con posibles convergencias en torno de los temas de la gran batalla estratégica, aquellos acerca de los cuales el capitalismo realmente existente en Latinoamérica no da respuestas: la redistribución progresiva del ingreso, la instalación de políticas estatales que aseguren alimentación, educación, salud, trabajo y vivienda para todos. Es una promesa todavía lejana porque, como observa un informe de Merryll Lynch, los millonarios latinoamericanos (unos 350 mil) controlaban a fines del año pasado una riqueza de 4,2 billones de dólares, un 11,8 por ciento más que en 2004. Toda esa riqueza acumulada en pocas manos contrasta con los 230 millones de pobres y cien millones de indigentes que registra el continente. Frente a esta realidad tan aguda, los actuales proyectos protagónicos en la región están en pleno proceso de despliegue: los tratados bilaterales que reemplazan al ALCA, el naciente Alba y el conflictuado Mercosur son las opciones principales de reordenamiento regional. En medio del proceso, la resolución del gobierno de Evo Morales marca el inicio de una gama de políticas opuestas a las privatizaciones de los 90, acercándose al eje integrado por Cuba y Venezuela. Como sustituto del ALCA, Estados Unidos se empeña en forzar la aceptación de Tratados de Libre Comercio bilaterales (TLC) con aquellos gobiernos dispuestos a aceptar promesas de mayor exportación a cambio de aperturas comerciales inmediatas. Los acuerdos se celebran rápidamente y las negociaciones se tornan opacas para evitar una evaluación seria de sus efectos y neutralizar las acciones de resistencia. En esta línea, tanto Chile como México parecen sostener la continuidad de este esquema. Bachelet confirmó el TLC conformando un gabinete que aplaude la apertura económica. El otrora "milagro neoliberal chileno", ahora en su fase de decadencia, ahondará sus niveles de pobreza y de desigualdad social ya que el tratado profundiza la flexibilización laboral y el empobrecimiento de los jubilados derivado de la privatización del sistema previsional. Analogamente, en México los efectos del Nafta han derivado en una pobreza que afecta al cincuenta por ciento de la población, mientras el sesenta por ciento de los trabajadores carece de protección social. La contracara del libre cambio de las cosas, es la prohibición de "la libre circulación de las personas" ante el incesante flujo de emigrantes. Por su lado, el Mercosur congrega hoy unos 255 millones de personas sobre 12,8 millones de kilómetros cuadrados, con un producto bruto de alrededor de un billón de dólares y un comercio exterior de 300.000 millones de dólares anuales. Constituye una potencia agrícola global y un polo de desarrollo industrial, sumando con Venezuela una de las mayores reservas de petróleo y de gas natural en el planeta. Con veinte años de existencia, el Mercado Común del Sur fue consolidando un espacio de negocios para beneficio casi exclusivo de las grandes multinacionales, pero ello no fue sinónimo de mayor desarrollo regional, ni de articulación productiva entre los países socios. Frente al modelo de apertura, concentración y exclusión impuesto por el neoliberalismo, el MERCOSUR no fue un muro de contención a la avanzada liberal sino más bien una forma idiosincrática o "autónoma" de administrar el ajuste. Sin embargo, aun con esos límites y con todas sus asignaturas pendientes, la existencia del Mercosur significó y significa la fijación de condiciones y límites a los tratados de libre comercio. El falaz argumento de que la apertura de mercados juega para los dos países (uno pequeño y otro poderoso) suena a chiste: esos convenios sólo favorecen a los más fuertes. Por caso, no se conoce hasta hoy ninguna inversión uruguaya en Finlandia que pueda aprovechar, como lo hace Botnia, las ventajas del tratado. Para quien se interese en serio, existe una profusa bibliografía que revela que las inversiones extranjeras no discriminan si el país receptor ofrece tratados bilaterales o no. La prueba más contundente es Brasil, que no ha firmado ningún tratado con excepción del propio Mercosur. Un estudio del propio Banco Mundial analizó los flujos de inversión externa entre veinte países de la Unión Europea y 31 países periféricos durante dos décadas y no encontró relación alguna que vincule la firma de tratados con un mayor flujo de inversión hacia los países en vías de desarrollo que los hayan firmado. La conclusión, en suma, fue que en aquellos países donde se radicaron las inversiones, éstas se hubieran realizado igual, con tratados o sin ellos, ya que el factor dominante de los flujos de inversión fue el tamaño del mercado, y no los tratados adoptados. Los rasgos ambiguos y frustrantes del MERCOSUR ha alimentado críticas tanto por derecha como por izquierda. Ciertos sectores progresistas insisten en que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, que será aprobada en la Cumbre de Córdoba, resultará en una ampliación de los negocios entre trasnacionales y que eso desvirtuará el proyecto popular del Alba. En la misma línea, también se cuestiona el papel del Banco del Sur, que se perfilaría como un ente de refinanciación de la deuda externa. Por caso, el gobierno argentino deberá realizar, en dos semanas, el pago de deuda más voluminoso del año, por 3.441 millones de dólares. Unos 1.700 millones saldrán del superávit fiscal y el resto (casi 2000 millones de dólares) provendrán de las compras venezolanas de bonos argentinos hasta fin de año. Finalmente, se objeta que la incorporación de Venezuela al MERCOSUR tiene por objeto neutralizar la radicalización del proceso bolivariano y busca estabilizar la región. Sin embargo, el análisis mencionado omite varios factores fundamentales. Primero, para defender y fortalecer su proceso interno, Venezuela debe buscar acuerdos internacionales que le permitan romper el aislamiento que intenta imponerle el imperio. Así, mientras por izquierda hay cierto resquemor a que Venezuela resulte "cooptada" por el MERCOSUR, toda la derecha teme exactamente lo contrario: que Venezuela altere el equilibrio del MERCOSUR en un sentido popular y por eso denuncian el peligro de que "el populismo chavista derrame sus sentimientos antiamericanos por el Cono Sur". Al mismo tiempo, esa misma ortodoxia neoliberal percibe la ampliación del MERCOSUR como un triunfo de Hugo Chávez en su confrontación con Estados Unidos. Ciertamente, en todo proceso de cambio se adoptan compromisos y alianzas, y naturalmente existen riesgos. Pero hay que pelear dentro de las condiciones realmente existentes para modificar las relaciones de fuerza y abrir la posibilidad de producir y sostener cambios profundos. Por supuesto, en simultáneo con la ampliación del MERCOSUR, también se consumó la suscripción del Tratado de Comercio de los Pueblos entre Bolivia, Cuba y Venezuela, claramente diseñado en la línea estratégica del Alba, lo que supone -entre otros rasgos- compromisos de compras de productos y un nítido protagonismo de las empresas públicas con apoyo a pequeñas empresas y productores. Dicho tratado tiene como punto fundante la decisión adoptada por Bolivia respecto a la soberanía sobre los hidrocarburos, lo que planteó un serio problema a países como Argentina. En efecto, si un país pobre y golpeado como Bolivia puede tomar tal decisión, ¿por qué razón países de mayor tamaño económico y poder político no recuperan el control efectivo de sus recursos estratégicos. La reacción automática de España a favor de Repsol tuvo como agente intermediario al gobierno argentino, que preserva con la trasnacional de origen español un vínculo privilegiado desde hace décadas y que hoy permite que Repsol continúe su política de saqueo tras ser una beneficiaria principal de las fraudulentas privatizaciones de la década menemista. Por supuesto, el gobierno de Kirchner actúa como interlocutor político para asociar a estas compañías a los proyectos de integración energética regional. Son los formas que adopta una batalla sorda entre proyectos tan distintos, como los de Cuba y Venezuela en relación con Argentina y Brasil, pero complementarios en muchos aspectos de la coyuntura. Los une el espanto al imperio y no está mal, aun cuando cada actor tenga sus ojos puestos en distintos horizonte estratégicos.